La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, transpone la Directiva Whistleblowing de la UE al ordenamiento jurídico español. Desde su entrada en vigor, empresas y administraciones públicas están obligadas a implantar un canal de denuncias interno que cumpla con los requisitos técnicos y organizativos de la ley. El incumplimiento tiene consecuencias económicas significativas.

A quién aplica la Ley 2/2023

La obligación de implantar un canal de denuncias interno aplica a:

Sector privado:

  • Empresas con 50 o más empleados (cualquier sector)
  • Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones con financiación pública (independientemente del número de empleados)
  • Empresas sujetas a las normas de la UE sobre servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente (independientemente del tamaño)

Sector público:

  • Todas las Administraciones Públicas (AGE, CCAA, entidades locales)
  • Organismos públicos y entidades de derecho público
  • Empresas con participación mayoritariamente pública

Importante: las empresas de entre 50 y 249 empleados pueden compartir entre sí el sistema interno de información y los recursos para gestionarlo (art. 12), sin límite de fecha. Lo que vencía el 1 de diciembre de 2023 era su plazo para implantarlo.

Qué debe incluir el canal de denuncias según la ley

La Ley 2/2023 establece requisitos específicos que el canal de denuncias debe cumplir. No basta con un formulario de email o un buzón físico.

Requisitos técnicos obligatorios

Confidencialidad garantizada: el sistema debe proteger la identidad del informante y la de las personas mencionadas en la comunicación. El acceso a los datos queda limitado al Responsable del Sistema y a quien lo gestione directamente; el responsable de RRHH solo accede cuando puede proceder una medida disciplinaria, y el de los servicios jurídicos, cuando proceden medidas legales (art. 32). Un buzón de correo que lee cualquiera del departamento no cumple.

Opción de denuncia anónima: el canal debe permitir presentar comunicaciones de forma anónima. Esta es una novedad respecto a legislaciones anteriores: la empresa no puede rechazar denuncias anónimas.

Acuse de recibo en 7 días: el sistema debe enviar al informante una confirmación de recepción en un plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación.

Respuesta en 3 meses: la empresa o administración debe comunicar al informante las medidas adoptadas o previstas en un plazo máximo de 3 meses desde la recepción (ampliable a 6 meses en casos complejos).

Independencia del responsable: el Responsable del Sistema lo designa el órgano de administración, ejerce sus funciones con independencia y autonomía, y debe ser un directivo de la entidad, salvo que su tamaño no lo justifique (art. 8). Puede serlo el responsable de cumplimiento normativo (compliance officer) si ya existe. Lo que sí puede externalizarse es la recepción de las comunicaciones (art. 6), pero el tercero no asume la responsabilidad, que sigue en el Responsable del Sistema.

Libro-registro: las comunicaciones recibidas y las investigaciones a que den lugar deben constar en un libro-registro, que no es público (art. 26). Los datos personales se conservan solo el tiempo necesario y proporcionado, y nunca más de diez años.

Qué infracciones cubre la ley

La protección de la ley alcanza a quien comunique (art. 2):

  • Infracciones del Derecho de la Unión Europea
  • Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal
  • Infracciones administrativas graves o muy graves, incluidas en todo caso las que suponen un quebranto económico para la Hacienda Pública o la Seguridad Social

Muchas organizaciones abren además el canal a los incumplimientos de su código ético o de sus normas internas. Pueden hacerlo, pero las garantías de la Ley 2/2023 solo cubren las materias del artículo 2.

Las sanciones por incumplir la Ley 2/2023

El régimen sancionador (arts. 63 y 65) distingue tres niveles y fija multas distintas para personas físicas y jurídicas:

CalificaciónConductas, entre otras (art. 63)Persona físicaPersona jurídica
Muy graveNo disponer del sistema interno de información cuando es obligatorio; represalias contra el informante; vulnerar la confidencialidad o el anonimato; comunicar a sabiendas información falsa30.001 a 300.000 €600.001 a 1.000.000 €
GraveObstaculizar las comunicaciones o vulnerar la confidencialidad sin llegar a muy grave; no adoptar las medidas que garantizan la confidencialidad y el secreto10.001 a 30.000 €100.001 a 600.000 €
LeveQue el Responsable del Sistema remita a la Autoridad información incompleta a propósito o fuera de plazo; no colaborar en la investigación; cualquier otro incumplimiento de la ley1.001 a 10.000 €Hasta 100.000 €

Las infracciones muy graves pueden acarrear además amonestación pública, la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un máximo de cuatro años y la de contratar con el sector público durante un máximo de tres (art. 65.2). Para una empresa que vende a la Administración, esta última pesa más que la multa.

La potestad sancionadora corresponde a la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), creada por la propia ley y con su canal externo operativo desde el 1 de septiembre de 2025, y a los órganos competentes de las comunidades autónomas en su ámbito (art. 61).

Requisitos técnicos de seguridad: por qué el ENS importa aquí

El canal de denuncias maneja información especialmente sensible: identidades de informantes, detalles de supuestas infracciones, datos sobre personas investigadas. La Ley 2/2023 no menciona explícitamente el ENS, pero sí exige que el sistema garantice la confidencialidad y la integridad de la información.

Para las Administraciones Públicas, el ENS es obligatorio también para el canal de denuncias, dado que es un sistema de información que maneja datos personales de ciudadanos o empleados públicos. La categoría del sistema suele ser media, lo que requiere certificación por tercero.

Para las empresas privadas, el ENS no es obligatorio por ley, pero el uso de un proveedor certificado en ENS y/o ISO 27001 es la forma más robusta de demostrar que se han adoptado medidas técnicas apropiadas para garantizar la confidencialidad exigida por la ley. En caso de litigio o investigación de la AIPI, esta acreditación es un argumento defensivo importante.

Qué significa exactamente que un proveedor esté certificado —organismo emisor, alcance y vigencia del ENS y de la ISO 27001— lo detallamos en la página de certificaciones de CEDESA, que sirve de referencia de lo que conviene pedir por escrito.

Cómo implantar el canal de denuncias: pasos prácticos

Paso 1: Determinar si la obligación aplica

Verifica: número de empleados, sector de actividad, participación pública. Si tienes dudas, consulta con un abogado especializado en compliance o con el proveedor de software antes de iniciar el proyecto.

Paso 2: Designar al responsable y decidir quién gestiona el canal

Responsable del Sistema: lo designa el órgano de administración y debe ser un directivo de la empresa, por ejemplo el responsable de cumplimiento normativo o el director legal, con independencia real y acceso al consejo de administración. Su nombramiento se comunica a la AIPI o a la autoridad autonómica competente. Riesgo: conflicto de interés si hay que investigar a la propia dirección; conviene prever en el procedimiento quién instruye en ese caso.

Gestión externalizada: la recepción de las comunicaciones puede encargarse a un despacho de abogados u otra empresa especializada (art. 6), que actúa como encargado del tratamiento. Aporta distancia y credibilidad ante los informantes, pero no traslada la responsabilidad: el Responsable del Sistema sigue siendo el directivo designado. Es una opción útil para empresas sin un equipo de cumplimiento propio.

Paso 3: Seleccionar e implantar la plataforma tecnológica

La plataforma debe cubrir:

  • Formulario de denuncia anónima accesible 24/7
  • Cifrado de las comunicaciones en tránsito y en reposo
  • Canal de comunicación bidireccional anonimizado (para preguntar al informante sin revelar su identidad)
  • Workflow de gestión: registro, asignación, seguimiento de plazos, resolución
  • Registro inmutable de todas las acciones (para auditoría)
  • Control de acceso por roles con segregación de funciones

Si ninguna plataforma de mercado encaja con el flujo interno de la organización (integración con el expediente, con el sistema de RRHH o con el registro de entrada), el canal puede construirse como un desarrollo propio: CEDESA lo aborda desde su servicio de software a medida, con el ENS y la ISO 27001 como base de la arquitectura.

Paso 4: Comunicar la existencia del canal

La ley obliga a informar a todos los empleados de la existencia del canal, su alcance y las protecciones que ofrece al informante. Esta comunicación debe quedar documentada.

Paso 5: Formar al responsable del canal

El responsable del canal debe recibir formación específica sobre el procedimiento de investigación, los plazos legales, el tratamiento de los datos personales y las garantías del informante.

Preguntas frecuentes sobre el canal de denuncias

¿Una empresa con 30 empleados tiene que implantar el canal de denuncias?

No, salvo que pertenezca al sector público o a uno de los sectores que la ley obliga con independencia del tamaño (servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales, seguridad del transporte y medio ambiente). La obligación para el sector privado general empieza en 50 empleados. Por debajo de ese umbral, tener un canal es una buena práctica de compliance pero no una obligación legal.

¿Puede usarse el canal de RRHH o el email del director como canal de denuncias?

No cumple con los requisitos de la ley. El canal debe garantizar la independencia del responsable y la confidencialidad de la identidad del informante. Un email corporativo gestionado por RRHH no cumple ninguno de los dos requisitos.

¿El RGPD afecta al canal de denuncias?

Sí. El canal procesa datos personales (del informante, de la persona investigada, de testigos) y debe cumplir con el RGPD. Esto implica: base jurídica para el tratamiento, información al afectado (en la medida en que no comprometa la investigación), plazos de conservación y medidas de seguridad apropiadas. El Responsable del Tratamiento es la empresa, no el proveedor del software.

¿Puede exigirse que el informante se identifique para procesar su denuncia?

No. La ley prohíbe rechazar denuncias anónimas. La empresa puede asignar menos recursos a la investigación de denuncias anónimas que a las identificadas, pero no puede ignorarlas ni archivarlas sin investigación previa.

¿Qué plazo tiene la empresa para implantar el canal si aún no lo tiene?

La obligación ya está en vigor. Si tu empresa supera los 50 empleados y no tiene canal de denuncias, está en incumplimiento desde el 13 de junio de 2023 (empresas de 250 o más empleados) o desde el 1 de diciembre de 2023 (empresas de 50 a 249 empleados). La implantación urgente es posible: con un proveedor especializado, el canal puede estar operativo en 2-4 semanas.